¿Cuál es la diferencia entre acto y hecho administrativo?

Jurisprudencia administrativa

Hasta bien entrado el siglo XIX las responsabilidades del Estado eran escasas y clásicas el mantenimiento del orden público, la dirección de los asuntos exteriores y la disposición de las fuerzas armadas. Hoy en día es muy diferente. En aras de proteger al público y regular la economía, el Estado interviene en un grado muy considerable en la vida de sus ciudadanos. La ley prevé controles de precios, prácticas restrictivas y planificación. Ciertos tipos de negocios, como la banca, las agencias de empleo y los mercados de ganado, no pueden llevarse a cabo sin una licencia; y esa licencia puede estar sujeta a las condiciones que la autoridad que concede la licencia considere oportunas. Existe una variedad de subvenciones discrecionales, sobre todo en el ámbito del desarrollo industrial, así como una amplia gama de prestaciones en los ámbitos de la sanidad, la asistencia social, la educación y el despido.

La administración de estos controles y servicios pone en contacto a muchas personas e instituciones con los organismos administrativos y, naturalmente, constituye una fuente fértil de reclamaciones. Los tribunales no podrían ocuparse de muchas de ellas, ya que no es su función conocer de los recursos contra las decisiones de los organismos administrativos. Sin embargo, es tarea de los tribunales garantizar que las acciones y decisiones administrativas se tomen de acuerdo con la ley.

Diferencia entre procedimientos judiciales y administrativos

Mientras que algunos estudiosos textualistas sostienen que las agencias administrativas son inconstitucionales, en particular debido a la delegación inconstitucional del poder legislativo, la jurisprudencia actual en derecho administrativo considera que las agencias son constitucionales, y necesarias en la sociedad actual en el sentido funcional y pragmático. De hecho, dado que el Congreso no puede hacer cumplir y administrar todas las leyes que promulga, debe recurrir a las agencias para administrar, interpretar, hacer cumplir y regular de otro modo diversas leyes federales que el Congreso ha promulgado. Algunas de las agencias más notables son las agencias ejecutivas, como el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa, etc., así como algunas agencias independientes, como la Comisión Federal de Comercio, la Comisión de Valores y Bolsa y la Agencia de Protección Ambiental, todas ellas independientes del control directo del Presidente. Estas agencias tienen un enorme poder para interpretar las amplias leyes del Congreso para promulgar diversas normas que definen e interpretan los estatutos pertinentes, y para hacer cumplir esas normas, y adjudicar asuntos de acuerdo con esos reglamentos.

Derecho administrativo

La respuesta corta es que la PAJA se ocupa de la “acción administrativa”. ¿Pero qué significa esto? El artículo 1 de la PAJA ofrece una complicada definición de “acción administrativa” que puede resumirse así:

No tomar una decisión puede tener un efecto negativo importante (puede “afectar negativamente”) a los derechos de alguien. Un ejemplo sería no tomar una decisión cuando alguien solicita un pasaporte, ya que la Constitución otorga a todo ciudadano el derecho a un pasaporte. (Véase el artículo 21 (4) de la Constitución).

No todas las decisiones que toma un miembro de la administración son “de carácter administrativo”. Decidir qué comer o qué hacer después del trabajo no lo son, obviamente. Pero las decisiones que los administradores toman como parte de su trabajo son de naturaleza administrativa.

La PAJA excluye de la definición de acción administrativa algunas de las acciones de determinados órganos del Estado, que por tanto no se rigen por la Ley. La mayoría de estas actuaciones se rigen directamente por la Constitución y tienen sus propios derechos, procedimientos y recursos específicos.

Diferencias entre los casos punitivos y los casos administrativos

La respuesta corta es que la PAJA se ocupa de la “acción administrativa”. ¿Pero qué significa esto? El artículo 1 de la PAJA ofrece una complicada definición de “acción administrativa” que puede resumirse así:

No tomar una decisión puede tener un efecto negativo importante (puede “afectar negativamente”) a los derechos de alguien. Un ejemplo sería no tomar una decisión cuando alguien solicita un pasaporte, ya que la Constitución otorga a todo ciudadano el derecho a un pasaporte. (Véase el artículo 21 (4) de la Constitución).

No todas las decisiones que toma un miembro de la administración son “de carácter administrativo”. Decidir qué comer o qué hacer después del trabajo no lo son, obviamente. Pero las decisiones que los administradores toman como parte de su trabajo son de naturaleza administrativa.

La PAJA excluye de la definición de acción administrativa algunas de las acciones de determinados órganos del Estado, que por tanto no se rigen por la Ley. La mayoría de estas actuaciones se rigen directamente por la Constitución y tienen sus propios derechos, procedimientos y recursos específicos.